De este modo, remarcaron que en estos meses se realizaron 49 Inspecciones en la provincia, con 19 inspecciones en la ciudad de Rosario y también se trabajó en otras 17 localidades. En todos los casos, el resultado de cada operativo derivó en la clausura de cada desarmaderos y chatarrerías inspeccionada.
A su vez, indicaron que se secuestraron $ 32 millones y u$s 10 mil; se incautaron 700 placas de cementerios y 1.200 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos. Además, subrayaron que el total de los elementos compactados en ese período asciende a 700 toneladas. Entre lo secuestrado se encontraron, placas de cementerio, crucifijos, medidores de agua y gas, picaportes y cables de electricidad y ataúdes, entre otros elementos. Como dato saliente, en Venado Tuerto, una chatarrería completa resultó decomisada por la Justicia y puesta a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que se encargó de compactar todos los elementos encontrados.
Impacto en denuncias al 911
Como resultado de estas tareas de control, inspección y sanción, se evidencia un marcado descenso de los llamados a la línea 911 para denunciar este tipo de delitos. Teniendo en cuenta enero y agosto de este año como puntos de referencia, en Rosario se redujo un 76,34 % la cantidad de comunicaciones y en la ciudad de Santa Fe se registró una reducción de un 80,38% en los llamados.
Objetivos
Las compactaciones realizadas se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante la Provincia en relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pudo justificar el origen de los mismos. Los resultados obtenidos demuestran que estas acciones permiten controlar no sólo la venta ilegal, sino también buscar la trazabilidad de los elementos.
Las cifras señalan, asimismo, el buen funcionamiento de los mecanismos de denuncias que ofrece la provincia a la población. Los controles se complementan además con tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de los comercios dedicados a estas actividades. Asimismo, tienen la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por estos comercios. Se busca así contribuir a una política del Estado tendiente a preservar la fe pública registral y el derecho de propiedad de los usuarios.
