El alto magistrado dijo que el llamado “gobierno de los jueces” es una deformación de los postulados básicos del Estado de derecho.
Con una enfática apelación al fortalecimiento del rol de los jueces en el Estado derecho, un repaso de las obras y políticas institucionales encaradas en el Poder Judicial santafesino, el renovado reclamo a los restantes poderes para la cobertura de vacantes en los estrados judiciales y un llamado de atención sobre el problema de la politización de la Justicia, el presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, abrió ayer en la ciudad de Santa Fe el año judicial 2018.
Fue durante un acto en los Tribunales capitalinos, en el cual ocuparon las poltronas junto a los seis ministros del máximo tribunal el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano.
La tradicional ceremonia tuvo asistencia perfecta desde el punto de vista institucional: el flamante vicepresidente del Senado nacional, Omar Perotti; el vicegobernador Carlos Fascendini, el presidente de la Cámara baja provincial, Antonio Bonfatti, y el intendente capitalino, José Corral, ocuparon la primera fila en el colmado salón de Acuerdos de la Corte santafesina.
Gutiérrez no sólo utilizó el atril para instar requerimientos de la Justicia. También dedicó sendos párrafos de agradecimiento para Lisfchitz, su antecesor Bonfatti y Garavano, por distintas gestiones concretadas por la Casa Gris y la Rosada en los últimos años.
Y hasta se permitió una digresión cuando interrumpió la lectura de su discurso, alzó la vista y le dijo a la concurrencia conformada por funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, jueces, funcionarios de la Justicia y periodistas: “Ustedes se preguntarán si no voy a comentar nada sobre lo que dijo (el presidente de la Corte nacional Ricardo) Lorenzetti. Quiero destacar que reconoció que el 80 por ciento de los litigios que se ventilan en el país se resuelven en las provincias, y también reconoció que las provincias están más adelantadas que la Justicia nacional y federal. Quiero señalar esto porque indudablemente hay una serie de cuestionamientos en el ámbito nacional que repercuten injustamente en las provincias, por eso siempre digo que Dios está en todas partes pero da misa en Buenos Aires”, consignó Gutiérrez en alusión a la autocrítica formulada días pasados por su par nacional.
Aumento de la litigiosidad, equipamiento informático y tecnológico para la gestión tribunalicia, plan edilicio, capacitación judicial y mediación fueron los tópicos abordados en el discurso de aproximadamente una hora del titular de la Corte, que estuvo acompañado por sus pares Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Spuler y el Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre. También participó del acto Claudia Levin, secretaria académica de la Escuela Judicial de la Nación.
Al repasar las principales “políticas judiciales”, Gutiérrez subrayó que “la agenda de temas tribunalicios se ha venido incrementando, los índices de litigiosidad se mantienen en niveles muy altos y las demandas de respuestas son cada vez más variadas”.
Crisis y movilización social
Atribuyó “este fenómeno a la sucesión de crisis económicas y sociales por las que venimos atravesando, que tensan las relaciones jurídicas y que suelen dejar huellas no siempre fáciles de superar. Sin embargo, este aumento de la litigiosidad puede también explicarse a partir de un elemento que no necesariamente es negativo, cual es la mayor capacidad de movilización de la sociedad, que se siente legítima titular de derechos y que, por ello, ejerce con mayor solvencia su derecho de peticionar a las autoridades”, postuló Gutiérrez.
Afirmó luego que “la verdad es que este fenómeno tiene consecuencias preocupantes para el servicio de justicia”, ya que “no siempre es posible absorber ese cúmulo de trabajo con la estructura humana y material existente. Y los resultados no son los deseables. Sin embargo, yo suelo pensar que, a la vez, revela un dato alentador: que la ciudadanía sigue confiando la solución de sus conflictos a los jueces. Y esto no es menor, ya que estaríamos en problemas serios si viéramos que cunde la mal denominada “justicia por mano propia”, que supondría retroceder varios siglos en el camino de la civilización”.
Gutiérrez postuló también que “los jueces tenemos mucho para aportar al Estado de derecho”. Consignó que “los jueces no estamos para resolver todos los problemas de la sociedad”, sino “para resolver los conflictos que nos presentan las partes que están enfrentadas en contiendas jurídicas concretas, y no debemos perder de vista que no siempre se nos presentan casos con ese contenido. Hay pretensiones que, por más urgentes y agudas que nos parezcan, encuentran su solución en los estamentos políticos, no en los tribunales”. Al respecto, alertó: “Debemos estar alertas ante el problema de la politización de la Justicia, ya que el denominado «gobierno de los jueces», lejos de ser deseable, constituye una verdadera deformación de los postulados básicos del Estado de derecho”.
Pedido y reconocimiento
Durante su discurso Gutiérrez admitió que “este acto, al contar con representantes de los otros poderes, es una tradicional ocasión para hacer hincapié en la cuestión de la cobertura de vacantes”. Y en ese plano reconoció como “cierto y destacable que la actual administración del Poder Ejecutivo (a través del Consejo de la Magistratura) ha exhibido una mayor eficiencia en esta materia. Por sólo mencionar dos datos alentadores, señalo que en el año 2016 un total de 18 magistrados cubrieron vacantes definitivas; el año pasado, 24; y, en lo que va del corriente año, lo hicieron 18 jueces. Esto hace un total de 60 vacantes cubiertas durante esta gestión. Asimismo, no hay que perder de vista que en 2016, juraron 6 jueces subrogantes y en 2017, 5 más”, cuantificó.
Sin embargo, consideró que “sobre un total de 366 cargos de jueces en toda la provincia, 74 se encuentran vacantes, y que de ellos sólo 20 están cubiertas con jueces subrogantes y los restantes 54 permanecen sin cobertura”.
Otra de las referencias de Gutiérrez apuntó al plan edilicio encarado por el Poder Judicial por un monto de 800 millones de pesos, en un organigrama de ejecución de obras de aproximadamente 3 años. Para el caso de los Tribunales de Rosario recordó que “se comenzó con el acondicionamiento integral del edificio de calle Balcarce 1550, a los fines de climatizar el interior del edificio, obra que se estima concluirá en dos años”. También anticipó que “hacia fines de abril se estará materializando el traslado y la puesta en funcionamiento integral del edificio del Centro de Justicia Penal”.
