El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante la Justicia para intentar evitar su encarcelamiento para purgar la pena de 12 de prisión a que fue condenado por corrupción, informaron hoy fuentes judiciales.
Tal opción es la última esperanza que le queda al ex jefe de Estado, tras la derrota que sufrió el miércoles en la Corte Suprema, que rechazó, por 6 votos contra 5, un recurso de hábeas corpus en el que la defensa solicitaba que el ex mandatario sólo pueda ser llevado a prisión cuando no le queden más recursos ni en tercera ni en última instancia judicial.
El periodista, especializado en temas internacionales, Andrés Repetto analizó lo ocurrido en Brasil a través de Radio EME.
Pese a que el Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región con sede en Porto Alegre ya confirmó la condena de Lula, elevó su pena de 9 a 12 años y un mes de prisión y rechazó los primeros recursos contra tal decisión, el código de proceso penal prevé la posibilidad de que el condenado presente un último recurso para que algunas de esas decisiones sean mejor explicadas por los magistrados.
Y, según fuentes de ese tribunal consultadas por la prensa, la defensa tiene plazo hasta el 10 de abril para intentar esa última salida, conocida como el “embargo del embargo aclaratorio”, y que, como no puede modificar la condena, tan sólo busca aclaraciones de una decisión judicial.
Sin embargo, la gran mayoría de los magistrados brasileños acostumbra a rechazar este tipo de último recurso por considerar que constituye una brecha que la defensa suele usar para intentar aplazar el cumplimiento de la pena.
De acuerdo con voceros del tribunal, los magistrados tendrán que decidir primero si aceptarán analizar este último recurso y, en caso de que así sea, tendrán que marcar una sesión para pronunciarse sobre la petición de la defensa, lo que se prevé que puede aplazar el proceso al menos hasta finales de abril.
Recién cuando los miembros del tribunal de segunda instancia se pronuncien sobre la última solicitud de la defensa, la decisión podrá ser comunicada al juez en primera instancia que determinó la condena, Sergio Moro. Le corresponderá entonces a él expedir la orden de encarcelamiento.
Moro es el titular del 13° juzgado federal de Curitiba y el instructor del la megacausa conocida como Lava Jato, que puso al descubierto una gigantesca red de corrupción que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras.
El juez condenó a Lula tras considerar que el ex mandatario recibió un lujoso departamento en un balneario del estado de Sao Paulo a cambio de favorecer a la constructora OAS con millonarios contratos con Petrobras.
El “habeas corpus preventivo” presentado por los abogados de Lula ante el STF buscaba evitar una orden de arresto antes del final del proceso en todas las instancias judiciales posibles.
Tras el final del caso en segunda instancia, el ex presidente puede recurrir en una tercera instancia al Superior Tribunal de Justicia (STJ), la máxima corte brasileña para asuntos no constitucionales, y como último recurso puede intentar llevar el caso ante el STF, la instancia final de la Justicia brasileña.
A ambos recursos se les ve pocas posiblidades de éxito tras los contundentes fallos contra Lula en los tribunales ordinarios.
El PT defenderá la candidatura de Lula
Pese al inminente encarcelamiento del antiguo líder sindical, el Partido de los Trabajadores (PT) advirtió esta madrugada en un comunicado que defenderá la candidatura presidencial de su líder “en las calles y en todas las instancias, hasta las últimas consecuencias”.
Ello debido a que la legislación brasileña inhabilita electoralmente a cualquier condenado en segunda instancia, como ya lo fue Lula, por lo que el ex jefe de Estado no podría disputar las elecciones de octubre para intentar un tercer mandato. Hasta ahora, Lula figuraba como favorito en los sondeos de intención de voto.
El PT ha dicho que no tiene previsto postular a ningún otro candidato y que presentará inicialmente un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para poder registrar la candidatura de Lula y que, en caso de que esa posibilidad sea negada por la autoridad electoral, llevará el caso hasta la Corte Suprema.
Además de la condena que ya le fue impuesta, el expresidente está imputado en otros seis procesos, en su mayoría por corrupción y vinculados al Lava Jato, por lo que puede sufrir nuevas condenas antes de las elecciones.
