Se trata de Miguel Ángel Figueredo Taboada, quien junto con el rafaelino José Briceño son juzgados en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe por traficar en una avioneta 277 kilos de marihuana y arrojarlos en Capivara.
Hace ocho años, las fuerzas de seguridad secuestraban un cargamento de 277 kilos de marihuana en la zona rural de Capivara, el cual había sido trasladado en un vuelo clandestino desde Paraguay, la Justicia federal de Santa Fe solicitó penas de ocho y siete años para dos de los cinco involucrados.
El pedido de condena fue solicitado en la tarde del viernes próximo pasado por el fiscal general Martín Suárez Faisal, en el marco de los alegatos del juicio en el que son juzgados un hombre oriundo de la ciudad de Rafaela, José Briceño (65) y un paraguayo, Miguel Ángel Figueredo Taboada (44). Este último fue quien se hizo pasar por fallecido en 2011 mediante un certificado de acta de defunción para evitar ser buscado por la Justicia.
El caso no es nuevo en el estrado federal, ya que en 2014 fueron condenados por la misma causa otros tres integrantes de la banda que en la jornada del 6 de junio del 2010 descargaron los 313 panes de marihuana que trasladó la avioneta clandestina a un campo ubicado a seis kilómetros al sur de la pequeña localidad norteña.
El pedido del fiscal Suárez Faisal fue ante un tribunal de jueces rosarinos conformado por Ricardo Vázquez (presidente), Omar Digerónimo y Germán Sutter Schneider. En su alegato, el titular de la Fiscalía General de Santa Fe solicitó que Figueredo Taboada sea sentenciado a ocho años de prisión como “coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas” por ser quien se encargó de la logística en las inmediaciones del campo donde se arrojó el cargamento con marihuana.
En la misma línea, el funcionario del Ministerio Público pidió una pena de siete años para Briceño por ser “partícipe principal” ya que fue señalado como quien buscó el campo de Capivara y a su vez facilitó una camioneta Mercedes Benz 4×4 que fue utilizada para mover el cargamento hasta un galpón del predio rural de 127 hectáreas.
El juicio tendrá su continuidad el próximo 18 de marzo, cuando se conozca el alegato de la defensa de Figueredo Taboada, a cargo de Fernando Arias Camaño. En este sentido, la defensa pública de Briceño solicitó en la jornada del viernes, la absolución de su defendido.
El acta que no fue
La llegada de Figueredo Taboada al Tribunal Oral Federal de Santa Fe se dio luego de haber sido detenido en el marco de otra causa que se tramita en la Justicia ordinaria. El mismo debía ser juzgado en el estrado federal en 2014, año en que el tribunal de jueces compuesto por Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella condenó al sanjustino y sindicado “cerebro de la organización”, Raimundo López Barro. En dicho fallo también fueron sentenciados otros dos integrantes de la banda: el santafesino José María Angini y Alberto Celestino Hoyos (peón del campo donde se arrojó el cargamento).
Para aquel entonces, Figueredo Taboada había sido dado por muerto, luego de que el abogado que patrocinaba su defensa en ese entonces, Martín Risso Patrón, presentó un supuesto certificado de acta de defunción emitido desde la Dirección General del Estado Civil de Paraguay. Ese certificado consignó, sin dar demasiados fundamentos, que el 5 de noviembre de 2011, el oriundo del país limítrofe había perdido la vida.
Cabe destacar que el paraguayo fue detenido en la jornada en que agentes de distintas Brigadas de Drogas del centro norte se adentraron en la zona del campo y lo encontraron a bordo de un Fiat Duna dominio SES-193, con un handy, que había sido trasladado hasta allí por Angini.
Aquella detención duró al menos 40 días hasta que un conjuez concedió su libertad bajo fianza. Aquel fallo fue apelado por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, ante la Cámara Federal de Resistencia, lugar en donde se revocó la excarcelación del paraguayo por lo que se solicitó su pedido de captura nacional e internacional. Al tiempo fue capturado en 2016 y puesto a disposición de la Justicia Federal de Santa Fe.
