La central postergó la renovación de autoridades para el 22 de agosto; antes definirá si convoca a una movilización o un paro general en rechazo a la política económica.
La intrincada pulseada interna por el control de la CGT quedó relegada por la coyuntura. Como no sucedía desde el 6 de abril de 2017, cuando la central obrera activó su primer paro general contra la gestión de Mauricio Macri, el triunvirato de mando cosechó ayer un respaldo absoluto para avanzar en un documento común para rechazar el “aumento desproporcionado” de las tarifas y el proyecto oficial que “degrada las condiciones laborales”, en relación con la iniciativa laboral que fue enviada el viernes pasado al Congreso.
No hubo consenso, en cambio, para definir los alcances de un plan de lucha que comenzará hoy con un reclamo de la confederación de gremios del transporte y del sector moyanista frente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, en Suipacha al 600.
La hoja de ruta de protestas, sin embargo, se mantiene aún sujeta a discusión. Ayer, después de más de tres horas de deliberaciones, se barajó la posibilidad de activar una movilización. Puso paños fríos el estatal Andrés Rodríguez, con un discurso autocrítico. “Esta CGT estuvo dormida durante varios meses. No es momento todavía de hacer un paro por que nos puede jugar en contra”.
El ala más dura, que se referencia en el moyanismo, insistió en convocar a una huelga. Apoyó la medida el barrionuevista Carlos Acuña. Otro dato relevante: Hugo Moyano envió a Omar Pérez en representación de Camioneros tras la renuncia de su hijo Pablo.
En definitiva, el curso del debate legislativo en lo relativo a las tarifas y la suerte del proyecto oficial de reforma laboral guiarán los pasos de los sindicalistas. Por lo pronto, la suba de las tarifas, la intención de Mauricio Macri de modificar la legislación laboral para disminuir costos y la escalada inflacionaria terminaron de empujar a la CGT a una reacción casi obligada. Se acordó poner la guardia en alto con un documento común, en el que se reclama corregir el rumbo económico. “El creciente deterioro de la situación social y laboral de los trabajadores hace inviable la política económica”, señaló la CGT en uno de los fragmentos del comunicado.
“El creciente nivel inflacionario, que lejos de apaciguarse hoy parece superar incluso el del año anterior, provoca el aumento desmesurado de los alimentos y productos de primera necesidad, erosiona el poder adquisitivo de los salarios y se retroalimenta con el valor de los servicios públicos”, advirtió el mensaje sindical.
Y agregó: “Resulta imprescindible restablecer una relación permanente entre el valor de los salarios y el de los servicios públicos. La vulnerabilidad de la economía nacional, jaqueada por el alto nivel de endeudamiento externo, la falta de inversiones externas y locales, las altas tasas de interés que estimulan la especulación financiera, la innecesaria importación de bienes manufacturados y de materias primas que afectan a la industria nacional, la permanente fuga de capitales y la errática política cambiaria, tiene graves consecuencias sobre la situación social y laboral de los trabajadores”.
Además, hubo un rechazo a la iniciativa de reforma laboral: “Ante tanta incertidumbre económica y social, el Gobierno impulsa nuevamente reformas laborales que disminuyen las indemnizaciones por despido y socavan el orden público laboral a favor de los empresarios volviendo más desiguales la relaciones laborales. Rechazamos las modificaciones que atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones”,
En este contexto, el triunvirato de mando que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña oficializó el 22 de agosto como la fecha del congreso que elegirá a la nueva conducción. Hasta entonces, la pulseada interna por el mando quedaría relegada ante la renovada tensión que se abrió con la Casa Rosada.
