Su abogado rechazó el pedido del fiscal; investigan si favoreció a un empresario.
El abogado del exgobernador bonaerense Daniel Scioli presentó ayer un escrito en el que manifiesta a la jueza de garantías Marcela Garmendia su oposición al pedido del fiscal Álvaro Garganta, que el viernes último había solicitado la inhibición de los bienes del exmandatario bonaerense por un valor de 180 millones de pesos y la prohibición de salir del país.
La jueza deberá decidir si concede el pedido de la fiscalía o lo rechaza. La medida tomó por sorpresa a Scioli que el jueves pasado se presentó en los tribunales de esta ciudad para realizar su primera declaración indagatoria. En esa oportunidad, el exgobernador presentó un escrito y optó por no responder a las preguntas de la Justicia.
El abogado del exgobernador, Alfredo Gascón, dijo que si la jueza hace lugar al pedido de la fiscalía, lo apelarán de inmediato. “Acabo de salir del juzgado y me dijeron que está a despacho”, contó ayer el letrado.
Scioli está siendo investigado en distintas causas abiertas a partir de una megadenuncia formulada por la diputada nacional Elisa Carrió. En este caso en particular, el exmandatario está imputado por violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con esa función y tráfico de influencias. Y el fiscal Garganta solicitaría la elevación a juicio oral a finales de este mes, según adelantó a LA NACION una alta fuente del Ministerio Público con acceso al expediente.
Además del exgobernador, la Justicia tiene en la mira al empresario Ricardo Estanislao Miller, dueño de la firma Building Internacional SA, investigado por supuestas maniobras ilegales con el erario público y de operaciones inmobiliarias ilegales vinculadas al exgobernador. Según la denuncia, la empresa de Miller le pagaba a Scioli alquileres millonarios por la locación de un inmueble en Villa La Ñata, el lugar de descanso del exmandatario.
“Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller antes, durante y aun después de que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de obras públicas para la construcción de centros sanitarios de Unidades de Pronta Atención (UPA)”, explicó el fiscal.
