Busca frenar las demandas colectivas contra las subas y pide que se traten en juzgados federales porteños.
El Gobierno busca obtener en la Justicia un escudo protector que impida que prosperen los amparos por los aumentos de tarifas. Días atrás, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, interpuso una acción colectiva de certeza para que se declare improcedente cualquier acción colectiva que cuestione las subas de los servicios públicos de este año.
El Gobierno reaccionó a un amparo interpuesto por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (Cepis), una ONG vinculada al kirchnerismo que inició una acción colectiva en un juzgado de La Plata para cuestionar la fecha de aplicación de los aumentos en el gas.
En los últimos días, Cambiemos promovió una acción colectiva de certeza contra el Cepis, pero también contra “cualquier otro que invoque legitimación colectiva” para cuestionar las resoluciones del Ministerio de Energía que plantearon el nuevo cuadro tarifario.
El escrito del Gobierno argumenta que ese tipo de amparos “atentan contra las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo” y que producen un perjuicio “triple, palpable y concreto” de “contaminación ambiental, violación de obligaciones asumidas en tratados internacionales” y de “cercenamiento del ejercicio de prerrogativas propias del Poder Ejecutivo”. El planteo fue colectivo, para representar a “todos los habitantes de la Nación abarcando a las generaciones venideras”.
Los aumentos “no fueron fruto de un acto unilateral de la administración”, señaló el escrito del Ministerio de Ambiente al hacer referencia a las audiencias públicas celebradas antes del aumento de las tarifas. El recurso interpuesto por el Gobierno buscó defender “el uso racional de los recursos naturales”, “la protección del ambiente” y la preservación de “servicios públicos eficientes y de calidad”.
Al tiempo que buscar proteger la política tarifaria, el Gobierno también busca dar batalla para que los amparos que reclaman por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos se tramiten en juzgados nacionales de la Capital Federal y no en tribunales federales alejados del epicentro administrativo que representa el territorio porteño.
El Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren , hizo días atrás un pedido de inhibitoria para que sea el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de la Capital Federal el que lleve la instrucción del amparo del Cepis y no el juzgado de La Plata, donde se presentó la acción colectiva originalmente.
Energía ya había hecho meses atrás un idéntico pedido por un amparo colectivo del municipio bonaerense de Leandro N. Alem que cuestionaba ya no la fecha, sino la “razonabilidad” del valor de los servicios públicos. Es decir, la cuestión de fondo de la política en materia de tarifas. Ese amparo había sido radicado en el juzgado de Junín, pero el Gobierno da pelea para mudarlo a la Capital Federal y trabó un conflicto de competencia entre ambos juzgados.
Mientras esa cuestión sigue sin saldarse, el Gobierno impulsó esta nueva acción a través del Ministerio de Ambiente.
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico -como subrogante del juzgado N° 3 de ese fuero a cargo de la jueza Claudia Rodríguez Vidal- ordenó registrar la acción colectiva de certeza del Ministerio de Ambiente en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte, de modo que todas las personas que puedan tener interés en el litigio puedan sumarse a la acción colectiva.
Así, el Gobierno ganó una primera batalla para mudar los amparos a la Capital Federal.
