Sin reformar las leyes argentinas, recurrirán a tratados internacionales contra la corrupción para cumplir con las condiciones que imponen las autoridades brasileñas.
Liderados por el procurador general interino, Eduardo Casal, un grupo de fiscales argentinos acordó una vía para acceder a la información que duerme en Brasil sobre las millonarias coimas que la constructora Odebrecht pagó en la Argentina entre 2007 y 2014, según informó la Procuración anoche.
El consenso se concretó después de tres reuniones en las que también intervinieron expertos en Derecho Internacional de la Cancillería. Los fiscales intentarán, así, sortear las incompatibilidades entre las leyes argentinas y brasileñas, y cumplir con las condiciones de las autoridades de ese país.
El equipo argentino todavía no comunicó su posición al Ministerio Público Fiscal brasileño, pero respeta los parámetros que las autoridades de ese país les comunicaron en todas las reuniones que mantuvieron hasta ahora. Solo así, les aclararon, se destrabarían las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht que se sumaron allá al régimen de la delación premiada.
Según definieron ayer, los fiscales argentinos acordaron que mediante los tratados internacionales existentes, y sin necesidad de ninguna reforma legal, la Argentina puede comprometerse a no perseguir penalmente a los arrepentidos brasileños que confesaron pagar coimas a funcionarios argentinos y ya fueron condenados por eso en su país.
Los fiscales trabajan en la senda abierta por los tratados internacionales que se incorporaron al ordenamiento jurídico interno durante las últimas dos décadas y que tienen una jerarquía superior al de las leyes locales, según lo establece la Constitución.
Además de Casal, las discusiones incluyen hasta ahora al procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, al fiscal federal Franco Picardi, y al director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA), Ignacio Irigaray.
“En esta reunión se llegó a un acuerdo interno para ultimar tratativas con las autoridades competentes de Brasil , que permitan avanzar en un proceso de cooperación con ese país en el marco del caso Odebrecht, para obtener elementos probatorios de utilidad en el plano local”, informó la Procuración a través de un comunicado oficial difundido anoche. Es decir, acceder a las copias en papel y video de las confesiones de los condenados en Brasil, como así también a los mails y registros informáticos y bancarios, entre otros documentos “claves” para probar las coimas, al decir de uno de los jueces involucrados.
Los fiscales apuntan, en particular, a las oportunidades que podrían ofrecerles las convenciones de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción e Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que el Congreso sumó al sistema interno con las leyes 26.097 y 25.632, respectivamente.
La primera de esas convenciones establece que las autoridades argentinas que recibieran la información brasileña “deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial o las restricciones que se impugnan a su utilización”, más allá de lo que puedan plantear las leyes locales.
Edgardo Casal, procurador interino: “Se llegó a un acuerdo interno para ultimar tratativas con las autoridades de Brasil que permitan avanzar en un proceso de cooperación” Edgardo Casal, procurador interino: “Se llegó a un acuerdo interno para ultimar tratativas con las autoridades de Brasil que permitan avanzar en un proceso de cooperación”
Los fiscales aceptarían, en particular, los pedidos brasileños para que no inicien procesos penales contra Luiz Mameri y Marcio Faria, dos de los exejecutivos de Odebrecht que confesaron cómo la empresa sobornó a exfuncionarios argentinos en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender las redes troncales de gasoductos y construir una planta potabilizadora de agua para Aysa en Paraná de las Palmas.
El acceso a esa información permitiría a la Justicia argentina corroborar lo que hasta ahora trascendió por la prensa. Entre otros datos, los roles que asumieron distintos funcionarios del entorno del entonces ministro Julio de Vido e intermediarios como Jorge “Corcho” Rodríguez.
La investigación conocida en Brasil como Lava Jato también le permitiría a los investigadores argentinos cotejar los roles de los empresarios. Entre ellos, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, o el entonces dueño de la constructora Iecsa, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Lejos de oponerse al arribo de esa información, la filial argentina de Odebrecht promueve su llegada. Presentó dos escritos -uno por Mameri y el otro por Faria-, en los que argumentó que el juez Sergio Moro ya condenó a ambos. Para evaluar si era posible avanzar con ellos en la Argentina, Odebrecht solicitó un dictamen al jurista Ricardo Gil Lavedra, quien concluyó que “la Convención internacional [de las Naciones Unidas] ofrece una base jurídica suficiente para que las autoridades centrales de la Argentina acepten la información contenida en los acuerdos de colaboración, con las limitaciones que se acordaron en Brasil”.
