Busca evitar que se desgasten y usarlas para hacer obras. Son alrededor de 140 rodados y material vial.
Después de avanzar sobre parte de los bienes de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez, la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) que conduce Javier Iguacel, presentó un escrito ante el juez Julián Ercolini para que el organismo que depende del ministerio de Transporte, sea “depositario judicial”, de cientos de máquinas propiedad de CPC SA, la constructora de Cristóbal López.
Con el fin de evitar que los bienes que tienen un pedido de embargo, se desvaloricen y utilizando la figura del depositario judicial sobre todo en lo que respecta a maquinaria vial, el Gobierno reclama equipos viales y maquinaria pesada propiedad de Cristóbal López.
Se trata de maquinaria vial valuada inicialmente en $ 91.942.000 y rodados pesados cuyo valor rondan los $ 66.708.000. Sucede que con el correr de los meses, si la maquinaria no es utilizada “comienza a deteriorarse y pierde su valor”, explicaron fuentes oficiales a Clarín. Por ello se reclama utilizar la figura de “depositario judicial” que exige el resguardo de los bienes y que no se desnaturalicen los mismos.
Este sistema de utilización de bienes embargados en causas de corrupción, se usó con Báez y 470 máquinas de Austral Construcciones en la causa de la Ruta del Dinero K. Ahora, se busca replicar en la investigación en la que Cristóbal López y Fabián De Sousa se encuentran detenidos por haber defraudado al Estado al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones, el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
En un escrito al que accedió Clarín, Vialidad pidió al juez Ercolini que nombre al organismo como “depositario con concesión de uso de las movilidades y equipos viales propiedad de la firma CPC SA que fueran objeto de medida cautelar y/o decomiso por ese tribunal”.
Al momento de explicar porqué requiere la utilización de unas 140 máquinas de López, Vialidad señaló que vio “resentida notablemente los medios para la realización de obras y tareas de mantenimiento por administración, más precisamente en lo que refiere a equipos viales y movilidades”.
Esto se debe a la rescisión de un licitación adjudicada en 2016 a Cristóbal López por $ 1.600 millones. Son tres tramos sobre la Ruta Nacional 3 que unen Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, y que durante el gobierno anterior, fue otorgada a Báez con un sobreprecio superior al 300% y un avance del 37%.
El caso del dueño de Indalo fue diferente pero terminó perdiendo el contrato igual. Debía entregar parte de la obra en 18 meses y ante los constantes incumplimientos y un avance del 3%, Vialidad aplicó una multa de $ 35,7 millones y rescindió el contrato.
Vialidad además, planteó que los bienes propiedad de CPC que perdió el contrato en el sur, son “muebles que resultan de difícil y costosa conservación” y que por eso pide asumir el rol de “depositario judicial”. El juez pedirá la opinión del fiscal Gerardo Pollicita y en diez días decidirá si otorga la maquinaria a Vialidad.
