La Cámara Federal de Casación Penal avaló la sentencia que había sido dictada el pasado 22 de junio en el Tribunal Oral Federal por el descargo de más de una tonelada de marihuana en un basural de la localidad de la costa en 2014.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó finalmente el fallo que condenó a diez policías y dos civiles que intervinieron en la descarga de 1.662 kilos de marihuana de un camión que fue hallado en un descampado de la localidad de Arroyo Leyes en 2014. Por el caso, quien recibió la mayor pena, de 12 años de prisión, fue el exagente, Alejandro “Aguja” Agüero y su padrastro, Juan Carlos “Chueco” Villalba, quien recibió la pena de siete años.
El dictamen judicial, emitido el pasado 3 de julio, lleva la firma de los magistrados de la Sala 4 que Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, convalidó la sentencia dictada el 22 de junio del 2017 en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe que estuvo a cargo del tribunal pluripersonal de jueces camaristas, María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cello.
En aquel fallo habían sido condenado además el exjefe de Orden Público de la Unidad Regional I, Cristian Hang y el exjefe de la Octava Zona de Inspección, Martín Díaz a seis años de prisión. A su vez, también se les impuso la pena de dos años en suspenso, a los agente de menor rango, Claudia Rosana Moreyra, Andrés Astraín, Mauro Ruoppolo, Fabián Manska, Matías Zoratti, Duilio Papini y José Murguía. En tanto, también fue condenado, Luis Cantero, por una causa conexa al camión.
El caso remonta a las primeras horas del 2 de noviembre del 2014, cuando en un descampado, ubicado en el fondo de la calle 62 de la localidad de Arroyo Leyes, Agüero y Villalba, intentaron descargar de un contenedor acoplado de un camión Iveco a un Mercedes Benz media tonelada de marihuana. Esa descarga fue advertida por un grupo de efectivos que arribó al lugar avisados por vecinos y derivó luego en que Agüero y Villalba escapen del lugar.
En ese entonces, el procedimiento se informó como un simple hallazgo pero tras una pesquisa judicial iniciada por el fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, se develó que el acta había sido falsificada por lo que se había tratado de un montaje policial.
