Dos empresas fueron preseleccionadas en el proceso de licitación lanzado por el gobierno nacional para contratar un servicio privado que continúe con la búsqueda del ARA San Juan, el submarino desaparecido el pasado 15 de noviembre. Sólo cobraran si logran encontrarlo.
SEA Sistemas Electrónicos Acuáticos -una firma estadounidense con base en Venezuela cuyo director ejecutivo, Hugo Marino, aseguró en abril que el sumergible era localizable en un periodo de 100 días- y la también norteamericana Ocean Infinity fueron las dos compañías que presentaron una propuesta acorde con el pliego de condiciones.
Estas dos empresas resultaron de una lista de nueve sociedades proveedoras que se contemplaron en la oferta para hallar el buque, perdido con 44 tripulantes a bordo, según aparece estipulado en el Portal de Compras Públicas del país.
Ambas compañías dispusieron un presupuesto más elevado que en el primer proceso de contratación: la de Marino propuso una cuantía que asciende a los 7 millones de dólares mientras que Ocean Infinity estableció 7,5 millones.
Según consta en el pliego de condiciones que marca las directrices de la oferta, el pago por el servicio de búsqueda se realizará solo en caso de encontrar al ARA San Juan, informa EFE.
Para ello, se definió un periodo de cuatro meses de contrato que podrían renovarse en caso de que las partes implicadas, es decir, la Armada Argentina y la empresa postulante, accedan a hacerlo.
Ahora, se elegirá una de las dos empresas, que constará como preadjudicada y, si no se realiza ninguna impugnación en un plazo de cinco días desde que se oficialice la selección, la escogida podría empezar a operar en los siguientes 30 días.
Este fue el caso de la compañía resultante del primer proceso de licitación, en el que la española Igeotest Geoscience llegó al proceso previo a la adjudicación pero luego fue impugnada por una abogada argentina que representa a algunas de las esposas de parte de los tripulantes que desaparecieron en el sumergible.
Sigue el acampe
Mientras tanto, otro grupo de familiares y allegados de los submarinistas cumplió el viernes pasado un mes acampando en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, en reclamo de que se acelere el trámite de la contratación.
A mediados de julio, tras el fallo de la primera licitación, el gobierno informó a través del Boletín Oficial la retirada de la recompensa de 98 millones de pesos (3,5 millones de dólares) para quien pudiera aportar datos sobre el paradero del San Juan.
El submarino lleva desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017, momento en el que se desplegaron varios buques nacionales en el área donde se registró la última comunicación con él y a los que se unieron navíos de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido en apoyo, entre otros países que participaron menos tiempo.
Desde que se retiró el buque ruso “Yantar” a principios de abril, solo un navío argentino permaneció una temporada en la zona de búsqueda delimitada en el Atlántico, a pesar de no contar con la tecnología adecuada para encontrar al San Juan, según denunciaron las familias.
