La primera medida fue cortar la circulación de colectivos en torno del Centro de Justicia Penal que fue baleado el sábado a la madrugada.
Dos días después del ataque a balazos al Centro de Justicia Penal el edificio amaneció cercado por custodia policial y con las calles aledañas cortadas. Esa imagen reveladora de un clima de temor e incertidumbre fue acompañada ayer por un eco de manifestaciones institucionales. En la reunión más emblemática, integrantes del Colegio de Magistrados y la Corte Suprema provincial le reclamaron al gobernador el Miguel Lifschitz que adopte medidas de seguridad tras el décimo atentado a funcionarios que participaron de la investigación y juicio a la banda de Los Monos. Una saga a la que se sumó, el sábado a la noche, el crimen de un testigo que declaró en el juicio y que fue ejecutado con cinco tiros frente a su casa.
Los rebotes institucionales de la saga de atentados ligados al crimen organizado que se reiteran en Rosario desde hace dos meses se replicaron a lo largo del lunes. Tras el encuentro de los magistrados con Lifschitz, la intendenta Mónica Fein se reunió con concejales de distintos bloques políticos para acordar un comunicado de repudio a los incidentes y una lucha conjunta contra “las mafias y el narcotráfico”. Por la tarde fue el turno de los legisladores con el gobernador.
Esta seguidilla de reuniones entre representantes de los tres poderes de los estados provincial y municipal fue motivada por el ataque a tiros que se registró la madrugada del sábado, alrededor de la 1.30, contra el Centro de Justicia Penal (CJP) donde se juzgó a la banda de Los Monos. Un proceso oral de cinco meses de duración que terminó con altas condenas a los principales acusados. Dos hombres en moto efectuaron siete tiros calibre 9 milímetros de los cuales uno impactó en un vidrio de Mitre y Rueda, donde se ubican oficinas del Servicio Público de la Defensa. La bala rebotó en una silla de una sala de espera.
Media hora después fue baleado un edificio de barrio Martin donde 15 años atrás vivió Marisol Usandizaga, una de las juezas que condenó al clan de barrio las Flores. Un plomo ingresó por el vidrio de un dormitorio del edificio Ipanema, de Libertad al 300, donde dormía una nena de 10 años que no sufrió heridas. “Con la mafia no se jode”, apareció escrito en birome sobre un pedazo de cartón cerca del edificio.
Con este, suman diez los ataques a tiros en los últimos 60 días contra domicilios donde vivieron jueces o policías que participaron en algún tramo la megacausa y en los que no hubo heridos de casualidad. En ese clima, el sábado a la noche fue asesinado de cinco balazos Diego Germán Romero, un testigo clave en la primera etapa de la investigación a la banda que luego se desdijo al declarar en el juicio. Un atacante bajó de una moto en Barra y La Paz y le disparó al tórax. La familia desligó a Los Monos del ataque pero aún no brindó una versión alternativa ante el fiscal.
Gobierno, Corte y jueces
Los mismos funcionarios judiciales y del Ejecutivo que tras el ataque del sábado rondaron el CJP sin hacer declaraciones se reunieron ayer a debatir el asunto a puertas cerradas. El encuentro fue en la sede del Colegio de Magistrados en Balcarce al 1500. Allí estuvieron representantes de ese colegio profesional con el gobernador Lifschitz. Los ministros de la Corte suprema provincial Roberto Falistocco, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta participaron del encuentro, además de jueces, fiscales y el ministro de Justicia Ricardo Silberstein.
Lo tratado en la reunión fue dado a conocer por los jueces a través de un comunicado donde se precisa que el Colegio “reiteró su reclamo al gobierno provincial para que proceda a adoptar todas las medidas que, dentro del marco previsto por la Constitución y las leyes, resulten menester a fin de revertir en lo inmediato la concreta afectación al normal funcionamiento de las instituciones que los episodios violentos han generado”.
En particular, dice el escrito, “se reiteró al Poder Ejecutivo provincial que garantice la seguridad en los lugares de trabajo de los operadores del sistema así como del público en general”. Los funcionarios reclamaron además que se continúe con las medidas de “preservación de la seguridad personal de los funcionarios y magistrados que han intervenido en procesos de gran trascendencia pública”.
Fiel reflejo de ese reclamo judicial fue la medida adoptada desde las primeras horas de la mañana en el perímetro del CJP. Por orden del gobernador Lifschitz se cortó allí la circulación del tránsito por las calles Sarmiento, Rueda, Mitre y Virasoro, lo que obligó a rediagramar los recorridos de diez líneas del transporte público por tiempo indeterminado, lo que produce resguardo por un lado, pero desencadena también malestar. (ver página 2).
Por fuera del comunicado oficial de los magistrados, quien salió a realizar declaraciones públicas fue el ministro Gutiérrez, quien pidió “hablar menos y hacer más” para dar con los autores de las balaceras. El presidente de la Corte dijo a LT8 que “pasaron dos meses desde los primeros ataques y no hubo ningún resultado en la investigación”.
Intendenta con concejales
En el plano local, en tanto, la intendenta Mónica Fein mantuvo a su vez una reunión con concejales de distintos bloques políticos para dar un mensaje de “unidad” frente a la violencia organizada. Del cónclave participaron, entre otros, Roberto Sukerman, Pablo Javkin, Juan Monteverde, Horacio Ghirardi, Alejandro Roselló, Norma López y María Eugenia Schmuck.
En un escrito con sus firmas al pie expresaron su “más absoluto repudio a los hechos de amedrentamiento contra el Poder Judicial”, además de su “respaldo” a jueces y fiscales. “Entendemos que todas las fuerzas políticas de la ciudad debemos estar juntas en las luchas contra las mafias y el narcotráfico y la defensa del sistema democrático y el Estado de Derecho”, remarcaron.
Fuente: La Capital.
