Personas armadas que se movilizaban en dos vehículos irrumpieron en un predio de Arijón y Crespo. A cara descubierta se llevaron a un hombre de 76 años. La víctima finalmente fue liberada a cambio del pago de un rescate. Las imágenes
Personas armadas que se movilizaban en dos vehículos secuestraron este lunes a la tarde a un empresario de 76 años. El hecho ocurrió a plena luz del día en una concesionaria de autos usados ubicada en zona sur. Luego de permanecer cautivo durante unas cinco horas fue liberado por el pago del pago de un rescate.
Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió en Arijón y Crespo. En ese lugar, cerca de las 16, un grupo de hombres fuertemente armados descendió de dos automóviles a cara descubierta. Uno de los coches era un Nissan y el otro un Volkswagen Sudan, ambos de color gris. Posteriormete, en la zona de la llamada curva de la muerte en Pérez, se encontró un Nissan gris con signos de haber sido prendido fuego.
Luego de amenazas de muerte con armas largas se llevaron secuestrado C.M., integrante de la comunidad gitana, e hirieron de un culatazo en la cabeza a su hijo, presente en el lugar.
Agentes del Comando Radioeléctrico encontraron en el predio dos vainas servidas.
Cámaras de video vigilancia captaron el momento en que los sujetos armados llegaron al lugar y las imágenes.
En el transcurso de la tarde hubo varias comunicaciones con pedidos de fuertes sumas de dinero a manera de rescate, para liberarlo.
Entrada la noche de este lunes, la víctima quedó en libertad. Según trascendió, se pagaron 150 mil dólares como rescate.
En diálogo con los periodistas Alberto Lotuf y Hernán Funes, el subsecretario de Investigación Criminal de la provincia, Darío Chávez, dijo que la víctima estaba junto a su familia y había sido revisada por médicos. Ahora esperaban el momento apto para que el hombre pudiera declarar.
En las negociaciones y acompañando a la familia estuvo presente el abogado Federico Carignano. Intervino en el hecho personal especializado en secuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), personal de la Ufese y la fiscal federal Adriana Saccone.
