Santa Fe pidió crear un impuesto a la riqueza

En el encuentro presidido por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, que se realizó pasado el mediodía de este martes, se retomó la conversación que hubo semanas atrás en la Casa de Salta, en CABA, sobre cómo darle cumplimiento al resultado fiscal esperado para el 2019. Sin embargo, hasta la reunión del 22 de agosto pasado la meta era llegar al 1,3% del déficit fiscal primario y a partir de lo que pasó en las últimas semanas ahora ya se habla de déficit cero. Una diferencia sustancial para balancear las arcas provinciales sin producir un impacto social.

Saglione dijo que en su intervención hizo énfasis en la preocupación que genera la eliminación de los subsidios al transporte y a la tarifa social eléctrica y “particularmente el impacto que eso significaría en Santa Fe si no hay algún mecanismo de compensación respecto de esa eliminación de subsidios nacionales en términos de tarifas de servicios”.

“Entre otras cosas hoy les pedimos que nos digan con precisión el alcance de los recortes que fueron anunciados ayer. Atentos a que es un anuncio que ya se hizo fue que nosotros les planteamos la preocupación de que eso no se traslade al menos plenamente a tarifas. Quedamos en estudiar en los próximos días un mecanismo que permita que las provincias podamos absorber parcialmente esos subsidios, no en su totalidad, y que tengamos un mecanismo que evite que eso se traslade automáticamente a un deterioro de las cuentas públicas de las provincias”, explicó el ministro.

Al ser consultado sobre cuál sería ese mecanismo, Sagline respondió: “A nosotros nos parece absolutamente injusto que en su presupuesto Nación no aplique más subsidios al transporte y que los argentinos que tienen activos en el exterior no paguen impuestos a los bienes personales. Se puede sostener una tributación sobre la riqueza, particularmente de aquellos sectores que tienen capacidad de mantener cuentas o activos en el exterior, y eso permitiría tener recursos para que el retiro de los subsidios nacionales sea parcialmente compensado con subsidios provinciales”.

Según Saglione, la idea es que Nación y provincias se sienten en una mesa de conversación para que lo que se anunció el lunes no se traslade a tarifas de los servicios públicos. “Entendemos que eso es inviable”, dijo el ministro y agregó: “Por eso estamos buscando atemperar el anuncio de los impactos de ayer sin poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas de las provincias y particularmente de las cuentas públicas santafesinas”.

En números redondos los recortes para Santa Fe significarían 3.000 millones de pesos anuales en subsidios al transporte y 2.000 millones de pesos en tarifa social eléctrica. “Son números aproximados porque todavía no tenemos precisión acerca de cuáles van a ser los mecanismos a través de los cuales se eliminen y si hay alguno que pueda quedar excluido”, aclaró.

“Hoy no podemos absorber con recursos de nuestro presupuesto los subsidios nacionales y que pasen a ser provinciales. Podemos entrar en la discusión si hay recursos que hoy no tenemos incorporados y que puedan evaluarse. Particularmente mencionamos los impuestos a la riqueza porque creemos que es injusto que le hayamos quitado el subsidio al transporte al trabajador y que no pague impuestos a los bienes personales aquellos que tienen activos en el exterior”, argumentó y estimó que hay 100.000 millones de dólares que los argentinos tienen en el exterior y que no están gravados.

En la actualidad la provincia cuenta con una partida destinada a subsidiar el transporte en Santa Fe, pero en magnitud es mucho menor que los recursos que llegan desde Nación. “No tenemos mecanismos para compensar la quita de subsidios nacionales con la situación vigente. Incluso perdimos el fondo sojero de un día para el otro”, se quejó Saglione y recordó que eso significaban unos 2.200 millones de pesos anuales.

En el análisis sobre los recortes que viene haciendo el gobierno de Mauricio Macri, el funcionario santafesino también apuntó las quitas indirectas que tiene que asumir la provincia. “También hay que sumar elementos que no están en una mesa de discusión pero que sentimos las provincias porque Nación ya discontinuó como la provisión de determinados insumos médicos que antes eran provistos en el marco de programas nacionales y ahora tuvieron que ser absorbidos con el presupuesto de la provincia”, apuntó y añadió: “Lo mismo con el incremento de la demanda de asistencia social. Eso no supone un recorte de un recurso que se recibía financieramente pero sí hubo un gasto que tuvo que asumir la provincia como consecuencia de que Nación se corrió de esa responsabilidad”.

El tiempo empieza a agotarse y el margen para las negociaciones se achica. El Ejecutivo nacional tiene hasta el 15 de septiembre para enviar el presupuesto al Congreso y apura un acuerdo con las provincias. Al salir del encuentro el ministro del Interior lo dejó en claro. “Estamos en el final de ese proceso, el jueves nos vamos a volver a reunir y seguramente será el último encuentro antes de que Hacienda elabore el proyecto que será enviado al Congreso”, dijo Frigerio.

Por eso, es muy probable que la búsqueda de alternativas se tenga que dar directamente en el debate que habrá en el Congreso de la Nación antes de aprobar el presupuesto. Ahí se sabrá si la negociación previa tuvo éxito o si será una nueva puja entre el gobierno y la oposición a menos de un año de las elecciones nacionales, un condimento que hasta el momento no faltaba en la cocina de la política.